Australia ha dado un paso sin precedentes en la esfera digital internacional al aprobar una ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a redes sociales. Con esta medida, el país oceánico busca paliar los efectos negativos que estas plataformas tienen en la salud mental de los adolescentes, así como reducir el acoso cibernético y otros riesgos asociados.
La norma, que ha sido descrita como «histórica» por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, obliga a gigantes tecnológicos como Meta, TikTok, Snapchat y X (antiguo Twitter) a implementar mecanismos efectivos de verificación de edad para evitar que los menores utilicen sus servicios. El incumplimiento de esta ley podría acarrear multas de hasta 30 millones de euros, convirtiéndose en una de las normativas más estrictas del mundo.
Un enfoque pionero y controvertido
Aprobada tanto en la Cámara Baja como en el Senado con un amplio respaldo político, la ley entrará en vigor en noviembre de 2025, otorgando a las plataformas tecnológicas un año para adaptar sus sistemas. Este periodo de transición incluirá pruebas piloto de tecnologías como el reconocimiento biométrico y la verificación a través de identificaciones gubernamentales, aunque la normativa prohíbe que se exija documentación sensible como pasaportes.
Plataformas educativas como YouTube, que no requieren inicio de sesión para acceder a contenido, estarán exentas de la prohibición. Sin embargo, la ley es inflexible con las redes sociales tradicionales, invalidando incluso cuentas que ya hayan sido creadas por menores antes de su entrada en vigor.
Reacciones a la nueva legislación
El anuncio ha generado un intenso debate entre políticos, expertos y organizaciones sociales. La medida cuenta con el apoyo del 77% de la población. Algunos parlamentarios, como miembros del Partido Verde, consideran que la ley podría aislar a jóvenes vulnerables, incluyendo a adolescentes LGBTQIA+ o aquellos en áreas rurales que dependen de las redes para buscar apoyo.
El regulador de internet de Australia, el Comisionado de Seguridad Electrónica, liderará la implementación de la normativa, recomendando herramientas como servicios de verificación de terceros para proteger la privacidad de los usuarios. Sin embargo, las empresas tecnológicas, incluyendo Meta y TikTok, han expresado preocupación por los desafíos logísticos y éticos que conlleva la ley. Incluso Elon Musk, propietario de X, calificó la normativa como «un intento velado de controlar el acceso a internet».
Multas millonarias y un mensaje contundente
Parece que Australia no está de acuerdo con las normativas de control parental que llevan a cabo algunas plataformas como Facebook o Instagram. De hecho, la ley australiana establece sanciones para las plataformas que no logren cumplir con las nuevas obligaciones. Las multas pueden ascender a 30 millones de euros, un coste significativo que subraya el compromiso del gobierno australiano con la protección de los menores.
A pesar del respaldo popular, algunos sectores temen que la prohibición pueda generar efectos no deseados, como empujar a los jóvenes hacia plataformas más peligrosas o menos reguladas. Además, existe el riesgo de un aumento en la recopilación de datos personales para verificar edades, algo que preocupa a defensores de la privacidad.
Un modelo para el resto del mundo
Con esta ley, Australia se posiciona como pionera en la regulación de redes sociales, marcando un camino que otros países podrían seguir. En Europa, Francia ya ha adoptado medidas similares, aunque menos restrictivas, mientras que en países como China y Corea del Sur las limitaciones están más enfocadas en el tiempo de uso de internet, especialmente en videojuegos.
A pesar de que hay formas de saltarse las restricciones por edad de estas redes sociales, organizaciones como la ONU han recomendado enfoques equilibrados que garanticen el acceso seguro a entornos digitales. Aunque algunos críticos consideran que la ley australiana va demasiado lejos, otros la ven como una solución necesaria para frenar una crisis de salud mental juvenil agravada por el uso incontrolado de estas plataformas.
La polémica normativa no solo busca proteger a los menores, sino también enviar un mensaje claro a las tecnológicas: la seguridad debe ser una prioridad ineludible. Mientras se realizan los preparativos para su implementación, el resto del mundo observa atentamente cómo esta legislación se convertirá en un caso de estudio clave en la regulación digital.
